José Mejías, miembro de Attac Jerez.

Jose MejíasParece que el PSOE de Andalucía ha puesto en marcha la estrategia de enfrentar a “pobres contra pobres” retirando las competencias en materia de viviendas sociales a la Consejera de Vivienda (IU) de la Junta de Andalucía. Hoy se ha publicado en el BOJA el Decreto de la Presidenta 1/2014 que retira las competencias y funciones relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica a la Consejería de Fomento y Vivienda (IU) y las atribuye a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La presidenta de la Junta de Andalucía y el PSOE hacen coro, acusan a la consejera Elena Cortés de saltarse la lista de espera de 12.000 familias que optan a una vivienda social. Parece querer que sean estas 12.000 familias quienes critiquen a las familias de la Corrala Utopía y a IU, que ha actuado amparándose en la segunda parte de la resolución judicial del Juzgado de Instrucción  nº 3  de Sevilla, que viene a decir que se de una solución a los menores y las familias en riesgo de exclusión, una vez producido el desalojo. Resulta contradictoria la postura del PSOE si no fuera porque es malintencionada. La cuestión es que no ha sido el PSOE quien ha “arreglado” el problema. Decenas de Ayuntamientos han tenido a familias con necesidades acuciantes de vivienda acampadas o con pancartas en la puerta de sus consistorios y todos los gobernantes, sin distinción política, han actuado de la misma manera: buscando una “solución” para que no cundiera el pánico y el descrédito.

El problema no se puede reducir a “esta gente se ha colao y hay mucha gente esperando, que no ha ocupado ningún edificio y merecen una vivienda tanto como ellas”, el temor es a que la gente aprenda el camino, movilizarse, y no aguanten años y años en una lista de espera para acceder a una vivienda social, con el argumento de que hay gente que está en peores condiciones. Estamos ante una emergencia social de miles de familias que no tienen acceso a una vivienda, en unas mínimas condiciones de habitabilidad y tenemos miles de viviendas vacías ociosas, porque se ha especulado, y se especula, con este bien de primera necesidad.

Esta batalla, este pulso entre el interés público y el interés privado, se ha librado en la Corrala Utopía. El desalojo no es ajeno a los expedientes a ocho bancos y entidades financieras por tener viviendas vacías y no ponerlas a disposición del registro público y que pueden ser sancionados con algo más de 11 millones de euros, o al expediente  abierto al SAREB (el banco malo) por tener 911 viviendas vacías de VPO que puede llegar a multas de 110 millones de euros. Tampoco es ajena a la postura intransigente del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, en buscar una solución, que ha demostrado que solo pretendía provocar el desalojo. Este incidente ha llevado de camino, y el PP se frota las manos, a una crisis entre PSOE e IU, alejando el foco de quien tiene más responsabilidad en la situación de la vivienda, el PP, que se ha opuesto desde el Gobierno Central a todas las iniciativas de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en esta materia.

El PSOE se ha retratado claramente, prefiere estar del lado de la banca a estar del lado de la gente, no quiere follones en Andalucía y no duda en querer echarles encima a unas familias, y a un movimiento, la Corrala Utopía, que ha luchado por el derecho a una vivienda, a esas otras miles de familias, víctimas iguales de esta estafa que llaman crisis, que esperan eternamente una vivienda social. Como hoy decía Román Orozco: “No quieren que cunda el ejemplo de Gamonal o de la marea blanca de la sanidad en Madrid: que los ciudadanos ganan batallas en la calle. No les interesa que se vea que luchando se pueden conseguir las cosas.

 Yo creo que es de mucho cinismo que PP y PSOE pongan el grito en el cielo por la decisión tomada por la Consejería de Vivienda y permanezcan callados sobre más de 48.000 pisos vacíos que tiene la capital de Sevilla y los mas de 126.000 de la provincia. Resulta curioso y premonitorio que los apoyos a la reacción del PSOE en la Junta hayan venido de los sectores mas retrogrados del partido socialista y del mismo PP, que ya se ha ofrecido a firmar un acuerdo de gobierno en Andalucía si los socialistas pierden el apoyo de IU. Andalucía podría ser un campo de ensayo para el gran acuerdo PP-PSOE en todo el estado como ya pasa en más de 13 países de la CE. Esto no es más que un escalón que ponen los antiguos barones del PSOE, como González y Zapatero, que claramente se decantan por esta opción y de los que ha salido el nombramiento de Susana Díaz. Sí, todo esto es el trasfondo político de la situación, que no nos quieran distraer con la idea de una simple tensión entre socios de gobierno por unas medidas de realojo.

Izquierda Unida, al menos en materia de Vivienda, está apostando por el lema Rebélate con que acudió a las elecciones autonómicas, está dando pasos, difíciles y valientes en esta materia, en la que el enemigo, los grandes poderes inmobiliarios y financieros, es muy potente. Desgraciadamente en otros temas no está dando el callo.

Pero no olvidemos que todas estas escaramuzas tienen una base sistémica. Vivimos en un mundo en que el derecho a la propiedad privada, aunque ésta sea ociosa, está por encima del derecho social básico a la vivienda. Os dejo cómo creo que hubiera sido la sentencia judicial de la Corrala Utopía en un mundo, quizá utópico, en el que las personas estuvieran por encima de las cosas. Basta cambiar de orden las frases del Parte Dispositiva del Juzgado de Instrucción  nº 3  de Sevilla.

“Se acuerda que se dé cumplimiento por las Consejerías de Fomento y Vivienda y la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla al Mandamiento de esta Sala, a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren menores y otras personas en riesgo de exclusión social en el edificio sito en Calle Juventudes 2-4 y 6 de esta ciudad, debiéndose notificar la presente resolución a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de no hacerse de forma voluntaria por las mencionadas Consejerías de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Sin que proceda la petición de desalojo por parte de la entidad propietaria, hasta tanto no cumplan las administraciones con su obligación, al estar la finca ociosa y sin utilización. Notifíquese este Auto a las partes personadas y al Ministerio Fiscal”

¡¡NI CASAS SIN GENTE, NI GENTE SIN CASAS!!

#ÁnimoCorrala